Resumen: Se analiza el procedimiento seguido y se concluye que se ha omitido el trámite del art. 441-5 LEC que impone en los casos del nº1 del art. 250 LEC informar al demandado de la posibilidad de acudir a los servicios sociales y, en su caso, la posibilidad de autorizar la cesión de sus datos a efectos de que puedan apreciar la posible situación de vulnerabilidad y se comunicará de oficio la existencia del procedimiento y si los servicios sociales confirmasen que el hogar afectado se encuentra en situación de vulnerabilidad social y/o económica recibido por el Juzgado la comunicación, se suspenderá el procedimiento por los plazos legales hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales consideren oportunas o transcurra el plazo y en este caso los servicios sociales confirmaron la situación de vulnerabilidad y el proceso no se suspendió, siendo norma esencial del procedimiento, que produce nulidad de actuaciones desde la recepción de la comunicación de los servicios sociales. La nulidad de actuaciones puede declarase de oficio, pues en definitiva existe falta de competencia funcional para subsanar por la Sección el defecto procesal, y por tanto es conforme con lo establecido en el art. 227.2 LEC
Resumen: Demanda sobre vulneración del derecho de paternidad e integridad de la obra. Las demandadas plantearon una declinatoria por falta de competencia judicial internacional que fue estimada por el juzgado. La demandante apeló el auto de falta de competencia judicial internacional y la Audiencia lo revocó, desestimó la declinatoria y ordenó que continuara sustanciación del proceso. En primera instancia se estimó en parte la demanda y la Audiencia confirmó la resolución. En primer lugar, la Sala declara la falta de gravamen del Estado de Qatar para recurrir la sentencia de la Audiencia. En segundo lugar, examina la competencia de los tribunales españoles y concluye que el criterio de la Audiencia de atribuir la competencia al lugar donde se encuentra el centro de intereses principales de la víctima cuando se trata de acciones de protección de los derechos de la personalidad y que tal criterio puede aplicarse a las acciones de protección de los derechos morales del autor, no es correcto. En este caso, la vulneración de los derechos morales de autor de la demandante no se ha producido por la reproducción y comunicación pública inconsentida de su obra en Internet; lo ha sido por una reproducción de la obra en un soporte tradicional, unas farolas instaladas en una vía pública, y la comunicación pública de la obra plagiaria se ha producido en ese lugar, que estaba en el Estado de Qatar. Se declara, por tanto, la falta de competencia internacional de los tribunales españoles.
Resumen: La sentencia apuntada desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la trabajadora con el que solicitaba ser reconocida como personal laboral fijo en la Administración pública (en concreto, en el Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar-Xunta de Galicia). El Juzgado de lo Social había estimado la demanda y declarado a la actora personal laboral indefinido fijo. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia revocó dicha declaración y negó que la trabajadora tuviera derecho a la fijeza. Contra esa última resolución, la afectada interpuso recurso de casación unificadora sosteniendo que el TSJ había incurrido en incongruencia omisiva al no contestar, supuestamente, a determinadas alegaciones planteadas en el escrito de impugnación del recurso de suplicación. El Tribunal Supremo concluye que no concurre la pretendida incongruencia: la Sala de Galicia sí dio respuesta (aunque negativa) a la solicitud de revisión de hechos y a los argumentos de la trabajadora. Por ello, se rechaza el motivo basado en la supuesta incongruencia omisiva. Además, el segundo motivo de recurso (relativo a la infracción de normativa sobre empleo público) había sido inadmitido con anterioridad. En consecuencia, se desestima el recurso y se confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que deja sin efecto la declaración de la condición de trabajadora fija.
Resumen: Señala el Tribunal que la sentencia objeto de recurso aplica de forma claramente indebida las provisiones que se contiene en el artículo 14.4 de la LECrim, atribuyendo la competencia para el enjuiciamiento y fallo al Juzgado de lo Penal cuando carece manifiestamente de ella, ya que se ha condenado a los acusados por la comisión de un delito continuado de robo con fuerza en las cosas en casa habitada de los artículos 237, 238.1 y 2, 241.1.2 3 y 4 ,en relación con el artículo 235.7. 9 del C.P, y con el artículo 74 del CP, cuya pena en abstracto puede exceder de la máxima de cinco años de prisión, al ser posible aumentarla hasta la mitad inferior de la pena superior en grado, lo que sucedió en el caso con uno de los acusados, a quien se impuso 6 años de prisión, habiendo señalado la jurisprudencia del TS que la determinación de esta competencia objetiva viene dada por la pena que corresponde al tipo de delito en abstracto, no por la pena concreta que, en relación con la participación, grado de ejecución o concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad haya de imponerse al delincuente, por lo que el órgano competente para su enjuiciamiento debe ser la Audiencia Provincial, lo que motiva la nulidad de la sentencia y del juicio celebrado, ante la vulneración de las garantías del proceso y consiguientemente la vulneración de la tutela judicial efectiva sin indefensión.
Resumen: La demanda de juicio verbal sobre reclamación de cantidad fue promovida por dos entidades aseguradoras contra el tomador de dos pólizas de seguro. La inhibición fue acordada por el primero tras un intento infructuoso de citar al demandado en los domicilios señalados por el actor en su demandada, si bien uno de ellos era un establecimiento cuya apertura al público se hace en horas nocturnas, sin que el servicio común de notificaciones haya habilitado las horas necesarias para intentar la citación en el establecimiento. Tras rechazar su competencia el nuevo juzgado al que correspondió el asunto en reparto, planteó conflicto negativo de competencia que la Audiencia resuelve asignando al primer juzgado la competencia para conocer del asunto o, en su caso, para inhibirse correctamente en favor de los juzgados de la localidad que las demandantes señalaron como domicilio alternativo del demandado. El tribunal decisor no puede declarar competente a un tercer juzgado no partícipe en el conflicto.
Resumen: Se sostiene que el JS es competente para conocer el conflicto colectivo sobre el reconocimiento de una sección sindical de DHL EXEL SUPPLY CHAIN SPAIN SLU y su delegada en el centro de trabajo en DHL-L’ORÉAL de Guadalajara, porque el alcance del conflicto es exclusivamente provincial y está limitado al centro de Quer, sin proyección sobre otros centros de trabajo ni afectación estatal, como ya lo reconoció previamente la misma Sala del TSJ en la sentencia 1715/2024, referida a un caso idéntico en el mismo centro y con el sindicato CCOO, invocando el principio de seguridad jurídica -art. 9.3 CE-, aplicando el criterio de la STS 347/2023, que precisa que la competencia se determina por el ámbito real del conflicto, no por hipótesis futuras ni por el alcance estatal de la sección sindical, reservando el art 8.1 LRJS reserva la competencia a la AN solo si los efectos del conflicto exceden el ámbito autonómico, lo que no sucede en este caso en que procede determinar si es legal nombrar a una delegada sindical en ese centro de trabajo, aunque ya exista otra sección sindical estatal del mismo sindicato, por lo que el conflicto no tiene efecto generalizado ni implica interpretación con repercusión nacional.
Resumen: Solicita el recurso que se declare la nulidad de actuaciones por carecer el Juzgado de lo Mercantil de competencia objetiva. Para alegar la falta de competencia objetiva es preciso plantear a tiempo la pertinente declinatoria. Reitera la STS 253/2016, de 18 de abril, con cita de las anteriores que, en el caso de la falta de competencia objetiva del tribunal ante el que se ha planteado la demanda, la denuncia debe realizarse mediante la declinatoria ( art. 49 LEC), para el caso de que el tribunal no la haya apreciado de oficio en el momento de resolver sobre la admisión a trámite de la demanda, puesto que al venir determinada la competencia objetiva de los juzgados de lo mercantil por la naturaleza de la pretensión ejercitada en la demanda, es ese el trámite en el que pudo apreciarse por el juzgado esa falta de competencia y apreciarse de oficio ( art. 48 LEC). Si el demandado no formuló declinatoria no cumplió con la carga impuesta en el artículo 459 LEC para poder alegar infracción de normas procesales en la primera instancia. Únicamente puede alegar dicha infracción el apelante cuando hubiese denunciado oportunamente la infracción, si hubiere tenido oportunidad procesal para ello. Y no cabe alegar que la falta de competencia puede ser apreciable de oficio.
Resumen: En un caso de responsabilidad en la construcción, la sala comienza analizando la posición procesal del demandado que comparece y contesta a la demanda fuera del plazo, que queda privado de la posibilidad formular ulteriormente excepciones que no hizo valer oportunamente, ni en primera instancia, ni en apelación, pero ni la falta contestación ni la rebeldía procesal implican allanamiento o admisión de los hechos alegados por el actor, quien soporta la carga de probar los hechos afirmados en la demanda. Estudia no obstante la sala si el demando silente o rebelde puede posteriormente la falta de legitimación, a cuyo efecto distingue entre capacidad y legitimación y afirma que ambas pueden ser apreciadas de oficio hayan sido o no alegada su falta por la parte demandada. En el caso, la sala entiende que no ha sido acreditado que el demandado comparecido tardíamente hubiera intervenido en las obras de las que se deriva la responsabilidad que reclama, por lo que desestima la demanda contra él por falta de legitimación pasiva.
Resumen: La acción principal versa sobre cuestiones hereditarias aunque se ejercita acumuladamente una acción de liquidación de gananciales y otra sobre cuestiones hereditarias. La regla atributiva de competencia tiene carácter imperativo. Es el último domicilio del causante o el último en España si lo hubiera tenido en país extranjero o donde estuvieren la mayor parte de sus bienes a elección del demandante. La alternativa donde estuviere la mayor parte de sus bienes es aplicable tanto a los supuestos de que el finado hubiere tenido su última residencia en España como en país extranjero. En segundo lugar, porque el art. 52.1.4.º LEC (16) permite a la parte demandante elegir entre las dos posibilidades que la ley contempla, aunque el causante no tuviera su último domicilio en el extranjero y, en este caso, optó por presentar la demanda en los juzgados de Girona, pues en ese partido judicial es donde radica el último domicilio del finado, según averiguaciones hechas por el Juzgado de Barcelona (Certificado municipal del Ayuntamiento de Girona-Padrón de los años 1986 y 1991 y Acta defunción), remitidas a este Tribunal en los correspondientes testimonios, donde aparece el mismo domicilio en sendos documentos: DIRECCION000 de Girona.
Resumen: El lugar de residencia es el que determina la competencia territorial en estos casos, fuero que también es aplicable para conocer de la modificación de capacidad de las personas, criterio que resulta más acorde al principio de protección de la persona. De esta forma se posibilita un acceso a la justicia más efectivo y cercano, se evitan desplazamientos innecesarios, incluso resulta conveniente económicamente. Y como viene residiendo en la residencia sin perjuicio de que este domiciliado en otra localidad lo procedente es dar la competencia al juzgado de familia de Vitoria y no al de la localidad en que esta empadronado.
